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El Gobierno nacional dispuso avanzar con la concesión a empresas privadas de nuevos tramos de rutas nacionales bajo el sistema de peajes, como parte del proyecto Red Federal de Concesiones, destinado a ampliar la participación del sector privado en la administración de la infraestructura vial del país.
La medida fue establecida mediante el Decreto 1358, publicado este viernes en el Boletín Oficial, según informó la Agencia Noticias Argentinas. La normativa establece que la Secretaría de Transporte deberá convocar a una licitación pública nacional e internacional en un plazo máximo de un año.
La decisión alcanza a distintos corredores viales distribuidos en varias provincias, entre ellos tramos de las rutas nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 152, 158, 228 y 237, además de la ruta A0017.
Entre las trazas incluidas se encuentra la Ruta Nacional 3, con tramos en Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz, y la Ruta Nacional 9, que comprende sectores de Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.
También se incorporan la Ruta 11, en Santa Fe, Chaco y Formosa; la Ruta 12, en Entre Ríos; la Ruta 14, en Corrientes y Misiones; y la Ruta 16, en Santiago del Estero, Chaco y Salta.
La disposición contempla, además, tramos de la Ruta 22 en Buenos Aires y La Pampa; las rutas 25 y 26 en Chubut; la Ruta 33 en Buenos Aires; la Ruta 34 en Jujuy y Salta; y la Ruta 35 en Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.
En el centro y norte del país, las concesiones previstas incluyen la Ruta 38, en Córdoba y La Rioja; la Ruta 50, en Salta; la Ruta 60, en Córdoba; las rutas 81 y 86, en Formosa; y la Ruta 89, en Chaco y Santiago del Estero.
El listado se completa con las rutas 120, 121 y 122, en Corrientes; las rutas 151 y 152, en La Pampa; la Ruta 158, en Córdoba; la Ruta 228, en Buenos Aires; la Ruta 237, en Neuquén; y la Ruta A0017, también en territorio bonaerense.
De acuerdo con los fundamentos del decreto, el objetivo central es profundizar la participación privada en la gestión de la red vial nacional, mediante un esquema de concesiones que permita avanzar con obras de rehabilitación y mejoras en las condiciones de circulación.
La normativa señala que la iniciativa procura “profundizar la participación del sector privado en la gestión de la infraestructura vial nacional” para “rehabilitar la infraestructura vial, mejorar la seguridad, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad”.
Asimismo, el Gobierno vincula la implementación del programa con sus objetivos fiscales, al sostener que el nuevo esquema contribuirá a la eliminación del déficit y al equilibrio de las cuentas del Estado nacional.
Con esta decisión, el Ejecutivo amplía el alcance de la Red Federal de Concesiones y establece un plazo de hasta un año para iniciar el proceso licitatorio que permitirá adjudicar los nuevos corredores viales a operadores privados.